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CDC
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El 27 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó la reforma del artículo que
establece la despenalización del aborto. El proyecto, preparado por el ministro
de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, elimina uno de los tres supuestos para la
interrupción voluntaria del embarazo: el eugenésico (posibles taras físicas o
psíquicas). Representa un movimiento en favor del derecho a la vida del
prenacido.
En 1985, una ley orgánica despenalizó en España la interrupción voluntaria del embarazo en tres casos concretos (eugenésico, terapéutico y criminológico). La legalización no satisfizo plenamente a nadie y se abrió un enfrentamiento de los sectores de quienes defienden la causa de la vida y los partidarios de la muerte, mayormente organizaciones feministas que reclaman el aborto libre y con cargo a la Seguridad Social. La nueva ley orgánica, llamada «Protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada», está en la línea de un hecho cierto por mucho que otros lo nieguen: que la población europea está modificando su opinión sobre el aborto.
Los defensores del aborto libre no dicen, o fingen no saberlo, que el receptáculo en que se desarrolla el prenacido le pertenece a él, no a la madre, que a las 3 semanas el corazón empieza a latir, a las 6 semanas se pueden registrar impulsos eléctricos cerebrales y a las 11 semanas, estos es, dentro del «intervalo de tiempo legal» para provocar el aborto, empiezan a funcionar todos los órganos y sistemas vitales del prenacido. La «ley de plazos», pues, puede ser considerada como un subterfugio para legitimar el homicidio.
Los pro-abortistas tampoco explican a las mujeres indecisas que algunos sistemas para interrumpir el embarazo consisten en trocear el cuerpo del prenacido con una cucharilla cortante, destrozar el feto con un aspirador (succión), abrir el abdomen para extraer el feto y dejarlo morir en el exterior o, en los embarazos de 4 o más meses, se intoxica al feto con una solución salina y muere al cabo de una hora tras muchas convulsiones. Los defensores también omiten que el aborto legal, con todas las garantías, implica un porcentaje de trastornos físicos que aumenta con el número de abortos sufridos.
Los defensores del aborto libre no dicen, o fingen no saberlo, que el receptáculo en que se desarrolla el prenacido le pertenece a él, no a la madre, que a las 3 semanas el corazón empieza a latir, a las 6 semanas se pueden registrar impulsos eléctricos cerebrales y a las 11 semanas, estos es, dentro del «intervalo de tiempo legal» para provocar el aborto, empiezan a funcionar todos los órganos y sistemas vitales del prenacido. La «ley de plazos», pues, puede ser considerada como un subterfugio para legitimar el homicidio.
Los pro-abortistas tampoco explican a las mujeres indecisas que algunos sistemas para interrumpir el embarazo consisten en trocear el cuerpo del prenacido con una cucharilla cortante, destrozar el feto con un aspirador (succión), abrir el abdomen para extraer el feto y dejarlo morir en el exterior o, en los embarazos de 4 o más meses, se intoxica al feto con una solución salina y muere al cabo de una hora tras muchas convulsiones. Los defensores también omiten que el aborto legal, con todas las garantías, implica un porcentaje de trastornos físicos que aumenta con el número de abortos sufridos.
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CDC
Aborto por descuartizamiento del prenacido. El lector puede imaginar mejor que el autor explicar la mala higiene mental que requiere defender semejante galería de horrores.
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Dejando
aparte los aspectos moral o religioso y las implicaciones legales, en
una gran parte del colectivo médico existe una corriente de opinión
adversa al aborto, hasta el extremo de considerarlo como un homicidio
por cuanto, desde el punto de vista de la biología, la célula
fecundada es una vida dotada de individualidad propia. En efecto, durante una visita a España, el doctor Bernard
Nathanson, director de una de las más importantes clínicas
abortistas de Estados Unidos, se revolvió contra la interrupción voluntaria del embarazo al convencerse de que el feto era un auténtico ser humano.
Finalmente,
hay que señalar que la Legislación y el «lobby» feminista consideran que sólo a la mujer es a quien corresponde decidir sobre la muerte del prenacido, sin que nada pueda hacer el padre que quiere protegerlo.
Venció la muerte. El 23 de septiembre de 2014 el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, dimitió de su cargo y abandonó la política tras anunciar el presidente Rajoy la retirada de la reforma de la «ley del aborto» (ley orgánica 9/1965 de 5 julio), cuyo propósito era eliminar algunos supuestos que se acogen en ella; es decir, se trataba de la defensa del principio de derecho natural a la vida.
La decisión ha suscitado las críticas por lo que muchos entienden «el incumplimiento de una promesa electoral», pero fue acogida con gran satisfacción en los medios partidarios de la muerte, en algunos casos con injurias de palabra a Ruiz Gallardón y la Iglesia católica. Envalentonados por la cobardía del Gobierno, los grupos feministas y «organizaciones diversas» se preparan ahora para el asalto final: el aborto libre sin necesidad de indicaciones o condicionamientos; es decir, legitimar la muerte alevosa de un ser indefenso como un «derecho» de la mujer.
ACTUALIZACIÓN
Venció la muerte. El 23 de septiembre de 2014 el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, dimitió de su cargo y abandonó la política tras anunciar el presidente Rajoy la retirada de la reforma de la «ley del aborto» (ley orgánica 9/1965 de 5 julio), cuyo propósito era eliminar algunos supuestos que se acogen en ella; es decir, se trataba de la defensa del principio de derecho natural a la vida.
La decisión ha suscitado las críticas por lo que muchos entienden «el incumplimiento de una promesa electoral», pero fue acogida con gran satisfacción en los medios partidarios de la muerte, en algunos casos con injurias de palabra a Ruiz Gallardón y la Iglesia católica. Envalentonados por la cobardía del Gobierno, los grupos feministas y «organizaciones diversas» se preparan ahora para el asalto final: el aborto libre sin necesidad de indicaciones o condicionamientos; es decir, legitimar la muerte alevosa de un ser indefenso como un «derecho» de la mujer.