EFE
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El día 3 de julio, ante la sospecha de que el fugitivo estadounidense Snowden podría viajar en el avión del presidente boliviano Juan Morales, en vuelo Moscú-La Paz, Europa le cerró el paso al avión boliviano y este se desvió a Viena (Austria), donde sería retenido para comprobar que el citado fugitivo no era a bordo. Morales se negó en redondo a las exigencias de examinar su avión, incluida la del embajador español en Austria (Alberto Carnero), lo que fue en parte causa de la larga retención, pero ante la determinación europea y frente al hecho consumado, finalmente se visitó el interior de la pequeña aeronave, del tipo «Falcon 900EX». Verificada la ausencia a bordo de Snowden, España autorizó la escala técnica del avión boliviano, pero en el archipiélago de las Canarias, a miles de kilómetros del territorio metropolitano.
Una
vez se supo que Snowden no era a bordo del avión boliviano, la
opinión pública europea se ha desentendido de este asunto y los
gobiernos de los países europeos más afectados negaron la
importancia del mismo, principalmente los presidentes de España y
Francia, el primero de los cuales afirmó que «lo importante es que
Snowden no va en ese avión». Desde luego, Bolivia lo hizo en
contra, intentando encender los ánimos con disolutas apelaciones
sentimentales («neocolonialismo europeo», «ofensa a Sudamérica»). Algunos
gobiernos sudamericanos se han mostrado preocupados, pero
poco más pueden hacer y no faltan quienes parece que
únicamente buscan notoriedad, caso de la argentina Cristina
Fernández, con su país punto menos que en la bancarrota financiera.
Quedan, en fin, los dirigentes sudamericanos que actúan movidos únicamente
por fines populistas, como el venezolano Maduro, y que parecen haberse animado a la vista de
obtener algún buen resultado para su política doméstica a costa de la «desdicha» del presidente
boliviano.
Morales:
la horma de su zapato. El presidente de Bolivia ha tiempo que puso en entredicho
ante el mundo su buena fama de violar el Derecho internacional y el sistema de garantías a las
inversiones extranjeras, principalmente contra intereses económicos
españoles, caso de SABSA («Aena y Abertis»), gestora de los
pequeños aeropuertos de La Paz, Cachabamba y Santa Cruz.
Indistintamente
del caso (SABSA, «Iberdrola», «Andina», «Red Eléctrica
Internacional», «Repsol») y del país (Argentina, Bolivia, Venezuela), la dinámica es idéntica: sin publicación formal de la
administración ni invitación a los afectados para oír sus
reclamaciones o la determinación del justo precio, el presidente
ordena la toma de posesión de la empresa europea, pero sin el pago
de la misma. Se tratan de unas expropiaciones forzosas, pero sin
previo justiprecio ni pago, en que se hace un ejercicio degenerado
del «dominio del Estado sobre todas las cosas sujetas a su
soberanía», sin un sistema de garantías, donde no se distingue la
expropiación de la expoliación, la legalidad de la arbitrariedad.
La
expoliación de intereses extranjeros a la que se han aficionado Argentina, Bolivia y Venezuela son maniobras populistas para
disfrazar problemas económicos y sociales incomparablemente mayores
que los de los europeos. Una de las consecuencias más negativas de
estas «expropiaciones» es que privan a estos países de la
tecnología y recursos necesarios para su desarrollo, prospectiva
singularmente preocupante en el caso de Bolivia, país agropecuario y
minero con unas calamitosas estadísticas de bienestar social. Baste
señalar que la renta per cápita de Venezuela, Argentina, Ecuador y
Bolivia es de entre los 12 000 dólares del primero y los 2 500 del
último frente a los más de 30 000 de España, Italia y Reino Unido
o los 40 000 de Alemania en una Unión Europea castigada por la
crisis más grave desde la II Guerra Mundial.